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MADRID, 03 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 13 de Plaza de Castilla ha desestimado la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente contra el ex consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela y contra el ex director general de Carreteras José Antonio Llanos por haber iniciado supuestamente proyectos de carreteras sin el preceptivo plan y sin evaluarlos ambientalmente.
Así, lo anunció hoy el actual responsable de Transportes, José Ignacio Echeverría, quien aseguró que esta misma mañana ha tenido conocimiento de que el juzgado ha sobreseído esta denuncia rechazando las peticiones del fiscal. "Me alegro mucho y felicito a Lamela porque no compartía la opinión de la Fiscalía", señaló el consejero, quien destacó el éxito de su antecesor reconociendo, no obstante, que ahora la parte demandante tiene un plazo para recurrir esta decisión.
Las diligencias de investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente se incoaron a partir de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción en mayo de 2008. La denuncia se basaba en que los responsables de la Comunidad de Madrid habían podido incurrir en un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal presentando un plan de carreteras que no tenía su declaración de impacto medioambiental correspondiente.
"Me alegro (de la decisión), primero porque no compartía bajo ningún punto de vista la tesis de la Fiscalía de Medio Ambiente y porque creo que es un éxito del trabajo que se ha realizado por mi antecesor y su equipo en todo el tema de carreteras", indicó Echeverría, quien aseguró que si en algo ha destacado Lamela "aparte de por su eficacia, ha sido por la transparencia con la que se ha realizado".
Por eso, señaló que llama la atención que "de repente" alguien haya presentado una querella "poniendo eso en duda". "Gracias a Dios, el juez competente ha rechazado esa querella, la desestima y pide su archivo. Ahora ya vamos a seguir el procedimiento porque la parte demandante podrá discrepar", añadió Echeverría.
Todo empezó cuando Ecologistas en Acción denunció que la Consejería inició la tramitación de múltiples proyectos de nuevas carreteras y autovías y de duplicaciones de calzadas, sin haber elaborado y aprobado previamente un Plan de Carreteras que según la legislación de Madrid (la Ley 3/1991 de carreteras) era preceptivo. En la misma dirección, según la asociación, tampoco realizaron previamente la Evaluación Ambiental del Plan (Ley estatal 9/2006).
Cuando a finales de 2007 se anunciaron esos proyectos, Ecologistas en Acción remitió diversos escritos a la Consejería advirtiéndoles de que, a su juicio, estaban vulnerando la normativa sectorial y la medioambiental. La asociación presentó entonces un recurso contencioso administrativo contra la "inactividad" del Gobierno regional "al no aprobar un Plan y haber iniciado los proyectos concretos de carreteras".
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió recientemente este recurso por razones formales, al considerar que las normas procesales no permiten actuar contra la inactividad de la administración en estos casos, sino sólo en aquellos referidos a prestaciones concretas a favor de una o varias personas, pero no en casos que afecten a intereses públicos generales.
UN PROBLEMA YA SOLUCIONADO
Cuando la Fiscalía presentó la querella, el Ejecutivo autonómico recordó al fiscal de Medio Ambiente de Madrid que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había archivado ya "sin posibilidad de recurso en vía administrativa la denuncia presentada por Ecologistas en Acción contra la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid por no haber elaborado un Plan de Carreteras".
Además, explicaron que un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad elaborado el pasado mes de octubre había puesto de manifiesto que no es obligatorio contar con un plan de carreteras para poder construir nuevas vías.
De hecho, citando normas del rango de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Carreteras, dice que los planes de carreteras son "un instrumento que permite racionalizar la construcción de carreteras, pero no condicionar el ejercicio de una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid", tal y como es la construcción de carreteras.
Fuente: Europa press.
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