Esta semana se anunciaba un posible desbloqueo, después de las conversaciones mantenidas por delegados de la Organización de Estados Américanos (OEA) con representantes del presidente legal, Manuel Zelaya, y del líder de los golpistas, Roberto Micheletti. Pero, como ha ocurrido anteriormente, enseguida llegó el desmentido.

La clave del acuerdo manejado en las últimas horas consistía en que Zelaya aceptaba la celebración de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, si antes era restituido en el cargo que constitucionalmente debería seguir ocupando.

Micheletti sostiene que tal solución tiene implicaciones legales y, por tanto, correspondería a la Corte Suprema autorizarla. El argumento es puramente dilatorio, porque la legalidad la hizo trizas la propia Corte Suprema dando soporte al golpe. En realidad, llegados a este punto, cualquier salida de la crisis es política. Las invocaciones a las formas jurídicas resultan de muy escasa credibilidad.

La prolongación de la crisis solo puede explicarse por la tibieza de Estados Unidos. La administración Obama ha condenado el golpe y ha adoptado ciertas sanciones –tímidas- contra el régimen de facto. Pero no se ha atrevido a presionar de forma decisiva a las nuevas autoridades, como ya denunciamos en su día. La impresión es que la Casa Blanca está ocupada en otros asuntos internacionales a los que concede prioridad y tampoco está convencida de desear, de verdad, la restitución de Zelaya.

Recientemente, se ha conocido que Micheletti y sus secuaces se han gastado casi medio millón de dólares en contratar servicios de influencia (lobbies) y poderosos caballeros norteamericanos con inquietantes credenciales (Otto Reich, Roger Noriega o Daniel Frisk). A través de ellos, han conseguido que una decena de congresistas norteamericanos respalden directamente al régimen golpista y obstaculicen ciertas decisiones sobre política latinoamericana de la administración Obama. En la operación de marketing de Micheletti y los suyos están contratadas algunas firmas como Cormac Group, muy cercanas al Senado McCain (si, el último candidato republicano), pero también a la Secretaria de Estado Clinton.

Recordemos algunos datos biográficos de los promotores del régimen de Micheletti. Otto Reich, un fijo en los gabinetes de Reagan y Bush hijo, fue una figura clave en el escándalo Iran-Contras y uno de los grandes ideólogos de la presión contra Cuba y la combatividad contra las opciones progresistas en América Latina. Roger Noriega fue uno de los ayudantes en la redacción de la Ley Helms-Burton (que reforzó el bloqueo contra Cuba en los noventa y sancionaba a las empresas extranjeras que se resistieran a aceptarla) y trabajó también como lobista de una poderosa empresa hondureña. Daniel Fisk era el segundo funcionario en la sección del Departamento de Estado de Bush encargado de América Latina y fue asesor político del senador por Florida, Mel Martínez, uno de los principales apoyos de los anticastristas cubanos afincados en Miami. Estos tres veteranos militantes anticomunistas de la guerra fría han sido los encargados, en una u otra forma, de reunir a destacados miembros del Senado y de la Cámara de Representantes para que presionen a la administración Obama. Y no sólo con argumentos. Dos nombramientos, uno de ellos el de embajador en Brasil, está congelado por un arsenal de iniciativas obstaculizadoras en el legislativo.

Reich ha dicho públicamente que el golpe de Estado en Honduras se considerará en el futuro como un freno al “intento de Chávez por minar la democracia en América Latina”. Fisk y Noriega han declarado públicamente su satisfacción por el interés que los senadores han puesto en hacer ver a su gobierno que se equivocó al presionar a los golpistas.

Mientras tanto, Amnistía Internacional ha denunciado el incremento de la agresiones policiales, las detenciones masivas de manifestantes y la intimidación de los abogados de derechos humanos” desde el regreso del Presidente Zelaya a Honduras, el 21 de septiembre. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha denunciado torturas, y malos tratos cometidos por veteranos del Batallon 316, uno de los escuadrones de la muerte de los años ochenta con peor reputación, que Micheletti ha reflotado.

Micheletti ha intentado desacreditar las denuncias. Pero, por su naturaleza locuaz, se traiciona a sí mismo. En declaraciones a un reportero del diario argentino CLARIN, afirmó que “sacamos a Zelaya porque se fue a la izquierda y puso a comunistas”. Añade también, claro, que el Presidente derrocado se entregó a la corrupción, “robó 700 millones de lempiras (divisa local) y “sacó en carretilla del Banco Central fondos para su reforma constitucional”.

Lo cierto es que Micheletti resiste porque sabe que puede contar con ciertas complicidades en Washington y que el resto de gobiernos e instituciones internacionales participantes en las negociaciones no son decisivos. Pero sus apoyos se debilitan, porque la crisis dura demasiado y las encuestas reflejan malestar con los golpistas. Uno de los líderes empresariales ha propuesto convertir a Micheletti en senador vitalicio (como a Pinochet) y restituir a Zelaya temporalmente y con poderes restringidos. Una chapuza política para salir del enredo.

THE NEW YORK TIMES sigue sosteniendo que “Zelaya tiene que ser restituido en el cargo ya, si se quiere que el gobierno que salga de las elecciones de noviembre obtenga reconocimiento internacional”. Los medios progresistas insisten en la tibieza de la Casa Blanca. Chris Sabatini, el editor de AMERICA’S QUARTERLY, afirma que “ha habido un vacío de liderazgo en la Administración Obama, que han llenado los que respaldan a Micheletti, con fuerza relativa pero suficiente para mantener como rehén a la política del gobierno”.

El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, empeñado en una solución más o menos salomónica, ha terminado reconociendo que la Constitución de Honduras “es una de las peores del mundo y una invitación al golpismo”. Micheletti ha puesto a las élites de Honduras en una situación sin salida, provocando una situación paradójica. Lo subraya también el analista Greg Grandin en THE NATION: “el asunto que sirvió de chispa para la crisis –el intento de Zelaya de promover una asamblea constituyente para reformar la notoriamente antidemocrática carta hondureña- puede ser la única vía para resolverla”.

Las maniobras políticas del depuesto presidente pueden ser criticables en muchos aspectos y sus cambios de humor político justifican cierta desconfianza, pero eso es ahora secundario. El golpe ha fracasado por la movilización popular, más que por las presiones diplomáticas o por el apoyo de Chávez a Zelaya. Pero no está claro que eso lo entiendan en los pasillos de la Casa Blanca.