La impresión causada por algunos casos, y la amplificación recurrente de las informaciones sobre ellos, da lugar a que a veces se produzcan desenfoques y generalizaciones que suelen resultar injustas, sobre todo desde la óptica de la gran mayoría de personas honradas que desarrollan una actividad pública con dedicación altruista y un comportamiento recto, al servicio del bien común.

También resultan injustas algunas valoraciones que tienden a juzgar y valorar a todos los partidos por el mismo rasero y equiparan las reacciones, sin detenerse en analizar cómo se suelen “gestionar” los casos de corrupción en unos u otros partidos. De entrada, los hechos objetivos revelan que algunos partidos “llevan” peor los casos de corrupción que otros, no sólo debido a la mayor sensibilidad de sus votantes ante estos casos, sino también porque sus líderes y cuadros suelen caer inmediatamente en un clima de abochornamiento, sin saber muy bien qué decir o cómo explicar estos hechos, por más que suelan emprenderse inmediatamente acciones disciplinarias internas, incluso a veces de manera un tanto repentina, antes de tener acceso a todas las informaciones contrastadas.

En cambio, en otros partidos se suele reaccionar con una cierta “profesionalidad” ad hoc, con estrategias de respuesta colectiva que empiezan por negarlo todo, dando la cara sin despeinarse ni abrumarse, echando la culpa a los “críticos”, denunciando incluso a jueces y políticas, e interpretando cualquier difusión pública de los casos desvelados como turbias operaciones de acoso y calumnia perpetrados por sus adversarios políticos. Algunos analistas estiman que tales tipos de reacciones suelen dar ciertos resultados en términos electorales, en la medida que una parte de los votantes potenciales de estos partidos son poco sensibles a las cuestiones de corrupción, e incluso contemplan con cierta condescendencia la habilidad para ser “listillos” y saber aprovecharse de las circunstancias.

Ambas formas de proceder y de reaccionar, focalizan el problema en torno a la mayor o menor capacidad demostrada para “gestionar”, interna y externamente, los problemas de corrupción. Lo cual creo que supone un tremendo error de enfoque.

La realidad de la corrupción no es nueva y, desde que se tiene conocimiento de la existencia de una actividad pública organizada hay registrados casos de corrupción, con distintas maneras de gestionarlos. Pero el problema no es cómo se gestionan los casos de corrupción –que forman parte de inclinaciones primarias de los seres humanos– sino cómo se ponen dificultades objetivas para que prosperen y se extiendan.

Por eso, me parece que en nuestro país existen bastantes inconsistencias, e incluso algunas dobleces, en las respuestas que suelen darse a este fenómeno lamentable, sin que prácticamente nadie (con peso político suficiente) esté dispuesto a dar pasos efectivos en una dirección que conduzca a atajar el problema en sus raíces.

En el caso de España es bien conocido que una de las raíces del problema estriba en la forma en la que se realizan las recalificaciones de “suelo”, y en la paralela falta de capacidad fiscal suficiente de los Ayuntamientos, que da lugar a que éstos hayan venido obteniendo bastantes recursos derivados de la actividad de la construcción, sobre todo en los años de mayor expansión económica. A partir de esta realidad, algunos arguyen que el problema también en este caso radica en el “ladrillo”. Pero no. No es cuestión de ladrillo sino de “suelo”. Es decir, la cuestión de fondo son los beneficios escandalosos que pueden obtener en poco tiempo los que adquieren suelo a un precio ridículo y luego logran una “recalificación” que lo convierte en suelo urbanizable, que adquiere un precio desmesurado (en una forma que repercute negativamente en el precio final de la vivienda).

Esta vía tan escandalosa de “hacer dinero”, sin mayor esfuerzo productivo o de trabajo, ha permitido acumular grandes fortunas (generalmente en dinero “negro”), propiciando la aparición de un tipo de figura social (y económica) especializada en la “mediación”, en la “gestión habilidosa” de influencias y, llegado el caso, en la compra generosa de “voluntades”, a las que se “recompensa” con un buen pellizco de las jugosas ganancias obtenidas por vías meramente “administrativas”.

Precisamente las enormes fortunas que se han acumulado siguiendo estos procedimientos se han acabado convirtiendo en un factor objetivo de corrupción de efectos demoledores. Personas a las que tengo por fiables me han llegado a contar casos de “gestión de voluntades” en las que se han llegado a barajar –y ofrecer– cifras de varias decenas de millones de euros, simplemente a cambio de un voto o un apoyo jurídico-administrativo en algunos Ayuntamientos. Todo lo cual se hace cada vez con mayor “profesionalidad” y pericia, siguiendo procedimientos que dejan pocos resquicios para una eventual denuncia por parte de los munícipes honrados, a los que los corruptores no logran comprar con bastantes millones de euros en dinero o en bienes opacos.

¿Tan difícil es encontrar alguna vía para atajar en la raíz dicha lógica intrínsecamente corruptora? Desde luego a mí me parece que no es algo imposible y que habría que empezar por dotar, de una vez, a los Ayuntamientos de suficiencia presupuestaria y de capacidad fiscal adecuada, superando su excesiva dependencia de la Construcción. Y, al mismo tiempo, habría que situar las decisiones sobre la discrecionalidad de uso del suelo en ámbitos lo suficientemente distanciados del lugar donde actualmente se produce la mayor presión corruptora. Es decir, en entidades supra-municipales y supra-regionales, donde todos estuvieran representados, pero no con una voz resolutiva completa y única, y donde resultaría mucho más difícil la acción de los profesionales en el arte de la corrupción. Además, si se tiene el valor de hacer algo de este tipo, seguro que todos ganaríamos mucho en la calidad urbanística de nuestros entornos residenciales, como demuestra la experiencia internacional comparada en esta cuestión.

De igual manera, cualquier iniciativa que propiciara una tasación objetiva del valor del suelo urbanizable y del tratamiento de las plusvalías generadas por las recalificaciones, no sólo evitaría –o limitaría– acumulaciones desmesuradas de dinero negro –y potencialmente corruptor–, sino que también tendría la virtud añadida de permitir un abaratamiento notable del precio de las viviendas, que falta hace.

¿Por qué no se toman, pues, medidas de este tenor o similares? ¿Por qué algunos se quedan en la mera vivencia del escándalo (sobre el escándalo) y en un farisaico rasgarse las vestiduras, mientras que se deja pasar el tiempo hasta la próxima ola de enjuiciamientos o noticias? ¿Hasta cuándo se podrá aguantar estirando este dislocamiento organizativo y social? ¿Son suficientemente eficaces algunas propuestas legislativas que se quedan en lo meramente formal y procedimental?