Comentando dos amigos la situación de crisis que estamos sufriendo uno le dijo al otro: “hasta que no se haga una reforma laboral la situación no tiene solución; esto es lo que dice todo el mundo”. Al escuchar la conversación comprendí que la batalla mediática la estaban ganando la derecha económica y los empresarios- que cuentan con medios de difusión afines y eficaces en la divulgación de sus ideas- y que era por lo tanto comprensible la alegría del gobernador del Banco de España, el gran adalid de las reformas que se propugnan en medio de la crisis y que no se plantearon en la etapa de grandes beneficios empresariales. El gobernador se retrata con estas propuestas nada originales que denotan “pereza intelectual”, no son de su incumbencia, y no resolverán ninguno de los problemas relativos al desempleo, mientras no crezca la economía por encima de 2%. Incomprensiblemente, otros asuntos más relacionados con sus competencias no son motivo de comentarios: fraude fiscal, economía sumergida, reestructuración del sector financiero, déficit, deuda pública…

En este contexto, el propio gobierno y también los sindicatos han acabado por aceptar el término de reforma laboral. Ahora, por lo tanto, sólo se discutirá sobre lo que debe contemplar en concreto una reforma laboral. Sin embargo, en esos términos las diferencias también resultan insalvables. Si hacemos memoria, todas las reformas del mercado de trabajo que se han llevado a la práctica en nuestro país (1984, 1992, 1994, y 2002) han supuesto modificaciones regresivas del Estatuto de los Trabajadores y se han traducido en recortes y sacrificios para los trabajadores (precariedad laboral principalmente), sin que ello haya supuesto mejoras para el empleo (tampoco para los jóvenes), ni avances en la competitividad de las empresas en un mundo globalizado, ni un reparto más justo de la renta nacional. Precisamente ha ocurrido lo contrario, en lógica con la pretensión de las reformas laborales que no es otra que transferir los costos de las empresas a los trabajadores.

En los momentos actuales, la reforma que se plantea por la CEOE, expertos económicos, y el Banco de España pretenden lo mismo: despido libre, sin tutela judicial, más barato, y más rápido. Eso es así; lo diga quien lo diga, y solamente para eso se plantea en estos momentos una nueva reforma laboral aprovechándose de la crisis. Sin embargo hay otra reforma laboral posible: eliminar la precariedad en el empleo (que dobla la media europea)- sin que ello deba significar sacrificios para los trabajadores como proponen los empresarios-, que todos consideran nociva para la cualificación profesional de los trabajadores, la siniestralidad laboral, y la competitividad de las empresas, resultando además contradictoria con el cambio de modelo productivo que no será posible con los porcentajes actuales de precariedad; reformar la negociación colectiva- articulando ámbitos de negociación- impulsando una mayor flexibilidad interna y un mayor protagonismo y participación de los trabajadores en las empresas; garantizar la eficacia de las oficinas públicas de empleo en la intermediación y en la recolocación de los trabajadores; y revisar las bonificaciones a las empresas para el fomento de la contratación retirando los estímulos que no cumplan con la misión de crear empleo.

A estas medidas hay que añadir el cambio que se debe producir en la cultura de los empresarios que consideran al trabajador como una mercancía más en el proceso de producción abusando de la contratación temporal injustificada- cuando no fraudulenta- y por consiguiente del despido sin costo. Se habla de Alemania y de su legislación laboral (empleo parcial) y no se dice nada de su cultura empresarial: los empresarios alemanes no despiden a las primeras de cambio y esa actitud se produce al margen de la legislación y de las normas establecidas al tratarse de empleos de mayor calidad que resultan vitales en el funcionamiento de la empresa. Por el contrario, en España los empresarios prefieren antes despedir, como se está demostrando, que retener al trabajador- aunque sea a tiempo parcial- al considerar fácilmente sustituible al trabajador en el engranaje de la empresa al tratarse en buena medida de empleos basura (bajos salarios y baja cualificación) en un proceso de producción intensivo en mano de obra. Tampoco se dice nada de la atomización empresarial, la debilidad del movimiento sindical en la pequeña empresa, la escasa eficacia de la inspección de trabajo en el control del fraude, y el desplome del sector de la construcción en España, lo que no frena el despido y hace imposible establecer comparaciones, como se está haciendo en estos momentos con Alemania.

En cuanto a las pensiones se están haciendo declaraciones alarmistas y poco maduras, y lo que es más grave, al margen del Pacto de Toledo. Se pretende, entre otras medidas, aumentar la edad de la jubilación obligatoria por encima de los 65 años junto al aumento del cómputo de años para calcular la cuantía de la jubilación, lo que perjudica notablemente a los futuros jubilados. Se plantean estas políticas- con el propósito de garantizar el sistema de la seguridad social- por las mismas personas e instituciones que han apoyado las ideas que nos han conducido a la crisis y sin que nadie se escandalice de semejante atrevimiento. Incluso el gobierno se hace eco de estas medidas aunque reconoce que no peligra el sistema en estos momentos y plantea negociar la sostenibilidad futura del sistema en el marco del Pacto de Toledo.

En este sentido, los sindicatos vienen planteando la jubilación flexible que permite anticipar o posponer la edad de jubilación con coeficientes correctores de penalización o bonificación, lo que evita aumentar obligatoriamente la edad de jubilación. Por otra parte exigen el cumplimiento de la última reforma del sistema de pensiones de 2006: integrar el régimen de empleadas de hogar en el régimen general de la seguridad social, así como el régimen especial agrario cuya fecha ya se había establecido como límite para el pasado 1 de enero del presente año. También se debe avanzar más rápido en la separación de fuentes que debe estar completada en el año 2013. Esa es la razón por la que las cotizaciones sociales a la seguridad social tendrán que soportar algo más de 4.000 millones de euros en el año 2010 destinados a cubrir gastos que son de naturaleza no contributiva, como los complementos a las pensiones mínimas, y por lo tanto imputables al Estado y no a la seguridad social.

Poner coto a esta ofensiva de la derecha económica es la pretensión de las movilizaciones convocadas por lo sindicatos para el próximo 12 de diciembre que, sin embargo, siendo justas y necesarias, resultan tardías para las víctimas de la crisis: los desempleados. Los sindicatos denuncian tanto la situación económica como la situación en que se encuentra la negociación colectiva y exigen a las organizaciones empresariales un cambio de actitud, y a los poderes públicos- sobre todo al gobierno y a la oposición- políticas más ambiciosas para salir de la crisis, poniendo para ello los recursos disponibles para la recuperación económica y el empleo. En concreto plantean una serie de reivindicaciones que se pueden resumir en los siguientes apartados:

• Salarios.- Desbloquear la negociación colectiva del 2009 y dar cumplimiento a lo pactado. Negociar con la CEOE un acuerdo plurianual de salarios (tres años) que mantengan el poder de compra de los trabajadores.
• Empleo.- Abordar el excedente y los beneficios empresariales, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, y la empleabilidad de los trabajadores. Reorientar los servicios de empleo en función de las políticas activas de empleo, dedicadas especialmente a los jóvenes. Estudiar nuevos yacimientos de empleo, sobre todo los relacionados con la protección social y la educación infantil.
• Protección social.- Consolidar y mejorar la cobertura de desempleo y reforzar el sistema público de pensiones.
• Inversión pública.- Acometer nuevos programas de inversión pública que impulsen el crecimiento de la economía. Avanzar hacia una política industrial sólida. Dar prioridad a las inversiones en investigación. Crear un marco regulador de la política energética para asegurar la suficiencia y el ahorro energético, en el marco de la ley de economía sostenible y del cambio de modelo productivo.
• Política fiscal.- Revisar el sistema fiscal para hacerlo más equitativo, progresivo, y suficiente, a partir de una política decidida contra el escándalo que representa el fraude fiscal que ya supera el 20% del PIB.

Está en juego la correlación de fuerzas que marcará la salida de la crisis y el establecimiento de un nuevo modelo de economía productiva que nos garantice ser un país competitivo en el marco de la globalización. El dilema es seguir con la situación actual (que algo cambie para que todo siga igual) o avanzar decididamente hacia una economía más eficiente y sostenible, y por lo tanto hacia un futuro de progreso y bienestar en función de la mayoría de los ciudadanos. Casi nada…