Y es que nuestro país se ha configurado a lo largo de los últimos siglos en torno a tensiones territoriales Tensiones, que fruto de unas idiosincrasias propias, han originado conflictos de diversa índole independentista y regionalista en torno a la idea común de la defensa de diversos elementos históricos y diferenciados del resto de regiones de España. No es inusual de esta forma, leer en las páginas de nuestros episodios nacionales las noticias de intervenciones militares o de la utilización de métodos coactivos en pos del sostenimiento de la unidad del Estado, y todo ello frente a esos intentos disgregadores e individualistas nacionalistas que en pocos argumentos coherentes podían basar su actitud segregacionista.

Fueron los Austrias, y posteriormente el rey Felipe V, quienes impulsaron el modelo de distribución provincial en donde las jurisdicciones locales destacaban por tener un papel muy representativo en la gestión del día a día, modelo este no obstante anacrónico y obsoleto en relación a la evolución de la propia sociedad española. Con el advenimiento de la ilustración y la invasión francesa se configura en nuestro país un nuevo modelo organizativo, un sistema en función a las llamadas prefecturas ,42 en total con la novedad no menos curiosa de la anexión de Cataluña a Francia como una región más dividida en cuatro departamentos. No sería de esta forma hasta el año 1822 y tras el levantamiento del General Riego cuando se impulsaría en nuestro país de manera decidida el modelo de Estado liberal, es en este momento en donde por primera vez asistimos al nacimiento de una división territorial en 52 provincias y 15 regiones, si bien las regiones no tenían ningún tipo de competencia u órganos de índole administrativa o jurisdiccional común sobre las provincias que agrupaba , aparece de esta forma la región como un mero modelo de clasificación.

De esta forma avanzamos en el tiempo y no será hasta el siglo XIX cuando en nuestro país se dan los primeros intentos de reforma territorial tendentes a la regionalización, destacan aquí las aportaciones de personajes de la talla de Patricio de la Escosura, Francisco Silvela o Segismundo Moret, entre otros. Se empieza a discutir en este momento, no sólo la clasificación en regiones, sino la dotación de competencias de índole administrativas y políticas. No obstante, todas y cada una de las propuestas fracasarían frente al modelo centralizado del territorio, que era defendido desde las clases dirigentes más conservadoras de la España del Siglo XIX.

Así las tensiones regionalistas y nacionalistas van aflorando poco a poco a lo largo de finales del siglo XIX eclosionando a principios del siglo XX en territorios como Galicia, País Vasco o Cataluña. Será en éstos donde en 1932, 1938 y 1936 se aprueban los primeros estatutos de autonomía de la historia de España. Estatutos que permitían ir configurando un modelo de gestión pública y administrativa cercana a la ciudadanía y a los problemas de la misma, adoptando para ello las formas adecuadas desde un punto de vista práctico con respecto a la idiosincrasia del propio territorio en donde los estatutos se ponían en vigor.

No obstante, este nuevo modelo de distribución territorial no podrá dar muchos más avances en otras regiones, ya que en 1936 el mazo totalitario y fascista golpearía con saña a la joven República Española. De esta forma, y tras tres cruentos años de guerra civil, España se volverá a sumergir en un modelo centralista, anacrónico y clerical que apartará del camino del desarrollo económico, social y político a varias generaciones de españoles y españolas que verán cómo sus sueños de progreso quedarán adormilados por los sermones bajo palio de los dirigentes franquistas.

Este hecho no impedirá que durante los años de opresión dictatorial de Franco, los movimientos nacionalistas y regionalistas de zonas como Cataluña, Galicia y País Vasco dejen de lado su actividad política, siendo caso ejemplarizante el de la constitución del gobierno vasco en el exilio o las reuniones de dirigentes del PNV en bares y tabernas de Francia, en donde, al igual que otros partidos políticos, se aguardaba que tarde o temprano cayese el dictador.

De esta forma, y con la llegada de la Transición Española, se configura un escenario de negociación entre aquellos partidos democráticos con vocación más centralista en su modelo de Estado y aquellos otros con una visión claramente nacionalista o descentralizada. Es este tiempo de estadistas, de una clase política que frente a sus interés partidistas ven la necesidad de la configuración de un modelo de Estado que, sin ser federalista ni centralista, de “café para todos”. Es, a tenor de estos acuerdos, donde nace un modelo de Estado de las Autonomías, que teniendo como referentes a Bélgica, Alemania e Italia permitiese configurar las pretensiones de todas las partes y enterrar las tensiones territoriales que a lo largo del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX se habían agudizado en el país.

Empieza de esta forma la construcción de un modelo de organización territorial en donde las Comunidades Autónomas y el Estado pactan un equilibro de reparto de competencias que permitía una descentralización activa y directa que respetaba garantías y derechos fundamentales de calado, como la igualdad entre toda la ciudadanía española. Y es este un modelo que ha funcionado muy bien, un modelo que ha permitido un desarrollo armónico económico , social y política sin parangón en la historia de nuestro país, un modelo que ha servido y sirve de ejemplo en multitud de lugares de la geografía mundial y que hoy por hoy ha demostrado su solvencia. Pero de igual forma es un modelo que está en crisis, un modelo que sufre de la mezcolanza de la picaresca individualista de una clase política, social y cultural que, por un lado busca la diferenciación y la mejora con respecto al resto de Comunidades, y por otro de una clase política sin valentía en la toma de decisiones, y el fundamental valor de todo político a decir “no”. No a todas aquellas medidas, reformas o actuaciones que rompan el consenso histórico del Estado de las Autonomías, no a unos nuevos modelos autonómicos que propugnen la ruptura del principio de igualdad entre españolas y españoles, no a un nuevo modelo de desarrollo territorial que en vez de buscar la simetría territorial potencia la asimetría y la balcanización como modelo fundamental, y no, en definitiva, a aquellos modelos de desarrollo que vayan en contra del interés general.

Sin lugar a dudas el modelo de desarrollo autonómico es necesario e imprescindible, pero de igual forma lo es el reforzamiento jurídico del Estado para que en su toma de decisiones de índole general no se encuentre rodeado por la picaresca autonomista mal ejecutada de aquéllos que no desean aplicar las políticas diseñadas desde el Gobierno de la nación y aprobadas en la cámara legislativa, acaso es igualdad que la Ley de Dependencia tenga un menor o mayor ritmo de aplicación en las Comunidades según sea el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español el que gobierna, acaso es igualdad que un ciudadano o ciudadana madrileño por el hecho de ser de dicha región tenga una sanidad pública ínfimamente de inferior calidad que la sanidad andaluza, acaso es igualdad a la que se enfrentan aquellas adolescentes de territorios como Navarra en donde frente a su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo se les exhiba las salvaguardas de conciencia de médicos del sector público que se niegan a la aplicación de una ley de carácter nacional, etc.

En definitiva, son estos algunos ejemplos de esa transformación forzosa que parece queremos aplicar sobre el cutis de nuestro modelo autonómico, nuevos maquillajes que en vez de unir desunen, y que en vez de dar pasos hacia un mayor desarrollo económico, social y político de nuestras regiones y nuestro país, nos condena a sufrir la desigualdad balcanizante entre la ciudadanía española.