Los sindicatos CCOO y a UGT han firmado hoy un acuerdo con la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) para la creación de un observatorio de control de la implantación de la Ley de para la creación de un observatorio de control de la implantación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.
Según han señalado en un comunicado conjunto los representantes de las tres entidades, este órgano controlará, dentro de sus competencias, el seguimiento del calendario de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en Alicante, Castellón y Valencia.
El objetivo es ajustar las previsiones establecidas en el Libro Blanco de la Dependencia a la realidad de la Comunidad y actuar como un foro de debate y análisis que permita concretar acuerdos para el desarrollo, seguimiento y aplicación de la citada Ley hasta 2014.
El observatorio de la Ley de la Dependencia apuesta asimismo por el desarrollo de una red de servicios “con criterios de profesionalidad, calidad y empleo” que garanticen la atención cualificada de las personas en situación de dependencia, pero también la acreditación profesional y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.

UGT, CCOO y AERTE no consideran “correcta la proliferación del cuidador informal, ya que su extensión provocaría la creación de bolsas de empleo precario y sin garantías laborales, además de una merma cualitativa en la atención asistencial y sanitaria de las personas dependientes”.

La figura del cuidador informal no garantiza la profesionalidad y calidad en el servicio, según han indicado los representantes sindicales y de la patronal, que han incidido en que ésta figura “debe tener carácter excepcional”, como indica la Ley, “y no puede aplicarse a grandes dependientes o dependientes severos, puesto que necesitan una atención continuada y permanente las 24 horas del día”.

La creación del observatorio también tiene como motivación encontrar “caminos conjuntos” entre el Libro Blanco de la Dependencia, que cifra en 20.000 solicitudes en la Comunitat Valenciana para 2007, y las estadísticas de personas valoradas de la Generalitat Valenciana, que ascienden a 56.000 personas, aportando propuestas que permitan la aplicación correcta y escrupulosa de la Ley .

Además, es objetivo de este órgano velar porque se dé preferencia a la prestación de servicios. Y, para ello, tanto la patronal de la dependencia como los representantes de UGT y CCOO, han abogado por “aunar posturas”, “buscando criterios objetivos de aplicación automática.”

Según el calendario previsto en la ley para hacer efectivo el derecho a las prestaciones de dependencia, en 2007 se debía aplicar a las personas valoradas con un Grado III de gran dependencia, niveles 2 y 1; en 2008-2009 a los de Grado II de dependencia severa, nivel 2; en 2009-2010 a las personas valoradas con Grado II de dependencia severa, nivel 1; en 2011-2012 a los de Grado I de dependencia moderada, nivel 2 y en 2013-2014 a las personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 1.

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