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Hay muchos ejemplos que explican porque en este país es tan complicado entender la necesidad de una planificación estratégica del territorio y porqué en su ausencia las actuaciones están irremediablemente ligadas a un modelo de crecimiento especulativo, sin reglas, que arrasa -en nombre del progreso o la seguridad – recursos naturales e impiden pensar en alternativas razonables respetuosas con el medioambiente y austeras para limitar la dependencia de recursos energéticos limitados.
Todo el conflicto de la autovía de los pantanos en Madrid ( M-501 ) resume en su tramitación todo el círculo vicioso y de intereses que nos conducen al desastre . El primer tramo de la autovía de 12 kilómetros - entre la M-40 y Quijorna- fue inaugurada por Gallardón en 2001. Unos años antes ya se vieron las dificultades para dar continuidad al siguiente tramo en el que se pretendía el desdoblamiento y transcurría en zona de alta protección . En aquel momento, se condicionó el proyecto a un informe del CSIC que concluyó que era inviable , en los términos pretendidos. Cumpliendo lo prometido, se desestimó y se buscaron alternativas para mejorar la vía sin el desdoblamiento y que consistían en la mejora de la seguridad, tratamiento de los puntos negros y otros aspectos de mejora.
Con el cambio de gobierno, Esperanza Aguirre, retomó el proyecto y guardó en un cajón las soluciones alternativas para mejora de la seguridad. Declaró la obra de interés general y -en nombre de la seguridad- la eximió de la Declaración de Impacto Ambiental. En 2005 el gobierno regional y la Señora Cospedal- en aquel momento Consejera de Transportes en la Comunidad de Madrid dictaron las correspondientes resoluciones . Muy expeditivos, para acabar con los problemas de protección ambiental, eliminaron toda tramitación de impacto y así allanaron por decreto las dificultades.
El proyecto acabó en los tribunales y en expediente en la Unión Europea. Las resoluciones han sido claras, incumplieron la legalidad, se saltaron las tramitaciones, España tiene que ser sancionada y en ámbito nacional el Supremo ha ratificado la sentecia de TSJM . Pero la obra ya está terminada, entre otras cosas porque la Consejería , temiendo una paralización y aprovechándose de la lentitud de la justicia , aceleró las obras para inagurarlas en julio de 2008.
En realidad en nombre y alegando una inseguridad- que los tribunales posteriormente han desmentido- se abre una vía incontrolada de crecimiento urbanístico en esta zona y hasta Ávila . Siguiendo las tramitaciones de los planes de urbanísticos , se observa como se multiplica la capacidad de construcción y con ello las verdaderas razones del conflicto.
Lo más grave de todo esto, es que es el Gobierno- supuestamente garante de la legalidad los que de forma prepotente y escandalosa , la incumple , se saltan acuerdos de Directivas Europeas acordadas para preservar el futuro y se saltan sus propias normativas. Acuerdos y Normativas que deberían significar un cambio de rumbo en el uso y abuso ilimitado de los recursos . Claro que poco se puede esperar de un gobierno regional que cuando saltan todas las alarmas en los niveles de contaminación apela como solución a la lluvia y que cuando se trata de limitar - de forma insuficiente- la necesidad de combustibles, con medidas de restricción de velocidad se despacha con trasnochadas comparaciones del pasado.
Se trata de política de hechos consumados, saltándose la legalidad, retorciendo argumentos, sin buscar alternativas y escondiendo los verdaderos intereses . Lo más grave es que nunca pasa nada . En este proyecto y en su ilegalidad hay muchos responsables y responsabilidades ¿ será un nuevo caso de impunidad ?
