La medida anunciada el viernes por el vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, José Císcar, se incluye en el plan de ajuste 2012-2014 aprobado ese día por el Ejecutivo de la comunidad valenciana. Es la primera autonomía que aplica el RD sobre medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que divide los servicios en tres carteras: básica, complementaria y accesoria.

O reformas, o impuestos

Según la nota oficial del gobierno autonómico, la Generalidad acometerá cambios en el conjunto del sistema sanitario para introducir un modelo de gestión basado en la colaboración público-privada. Císcar explicó en rueda de prensa, tras la reunión del pleno del Consell, que "se trata de un cambio de modelo necesario para que los valencianos continúen disfrutando de una sanidad gratuita, universal, pública y de calidad", dado que, según apuntó, la reforma permitirá añadir además al sistema la característica de "sostenible". La alternativa, según dijo, era incrementar los impuestos de los valencianos en 500 euros anuales. El coste sanitario por habitante en la Comunidad Valenciana se sitúa en más de 1.100 euros al año.

El nuevo modelo de sistema sanitario público valenciano en el que trabaja la Conselleria de Sanitat "se basará en intensificar el grado de la colaboración público-privada que ya se da en la actualidad", indicó Císcar, quien concretó que la reforma "arranca ahora, aunque su implantación efectiva llegará en el mes de enero de 2013". El vicepresidente aseguró que, con estas nuevas medidas, "el ciudadano no va a notar ningún cambio: seguirá teniendo los mismos médicos, los mismos centros de salud y la sanidad seguirá siendo pública y gratuita y, además, será sostenible".

Modelo de concesión administrativa

La reforma que se va a impulsar consiste en la generalización del modelo de concesión administrativa en los departamentos de salud que actualmente son de gestión directa y se plasmará también en la integración de todos los servicios ya externalizados dentro de cada departamento de salud para ser adjudicados y centralizados en un único gestor, que será la nueva empresa que resulte adjudicataria por medio del sistema denominado 'cápita' o gasto sanitario por habitante.

El portavoz del Consell aseguró que el modelo posibilitará un "ahorro sustancial del gasto", estimado de 443 millones de euros anuales. En concreto, los costes se reducirán en alrededor del 10 % en la parte logística, es decir, en los servicios no sanitarios, y en alrededor del 15 % en los servicios sanitarios, con una cuantificación de ahorro de 263 millones de euros al año, a los que se añadirán otros 180 millones anuales procedentes del canon por el uso de las instalaciones que deberán abonar quienes resulten adjudicatarios.

Excluido el personal estatutario y las inversiones

Císcar precisó que este nuevo modelo "se va a implantar en todos y cada uno de los 18 departamentos de salud de gestión directa" y añadió que "es bastante probable que la licitación se plantee por lotes; es decir, que se agrupen dos o más departamentos, solo a efectos de licitación, para obtener los beneficios de economías de escala pretendidos, porque ese es uno de los beneficios más relevantes del nuevo sistema: la generación de importantes economías de escala".

Además concretó que "el plazo de adjudicación está previsto, inicialmente, en 10 años, prorrogables hasta 15 y que el sistema de contratación será, previsiblemente, el que se conoce como diálogo competitivo, considerado el más eficaz para contratos de mucha complejidad, como puede ser este". Personal estatutario e inversiones dependerán de la Generalitat

Incentivos profesionales en colaboración con las empresas

El conseller Císcar puntualizó que no se producía ningún cambio en el estatus del personal estatutario, que va seguir dependiendo, orgánica y funcionalmente, de la Agència Valenciana de Salut, con la necesaria coordinación con el gestor privado, que podrá introducir mecanismos de incentivación en las formas previstas en la legislación vigente.

Además, al igual que en la actualidad, todas aquellas decisiones referidas a las construcciones y equipamientos seguirán dependiendo de la Conselleria de Sanitat. "Es la administración quien seguirá tomando las decisiones de, por ejemplo, si se ha de construir un Centro de Salud o se ha de adquirir un nuevo aparato de rayos X", puesto que "la planificación sanitaria siempre ha de ser una potestad de la Administración pública", ha dicho.

Desde el gobierno valenciano se explicó que estas medidas habían tomado como referencia las reformas implantadas en el ámbito sanitario en Suecia, "un país modelo por la defensa del Estado de Bienestar" que, según se recordó también había implantado sistemas basados en la colaboración público-privada.

La colaboración privada en Valencia

La primera reacción el mismo viernes fue la de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que duda de que la medida pueda ahorrar dinero público. "Las actuales concesiones administrativas, excepto el Hospital de Alzira con 12 años de trayectoria, siguen sin cubrir gastos, hasta el punto que el modelo está en venta y a punto de ser adquirido por el fondo de capital riesgo Capio, que finalmente, después de hacer cálculos ha desistido de su adquisición", sostiene.

En opinión de la federación, esta privatización "supondrá una fragmentación aún mayor del modelo sanitario valenciano, donde priman los intereses de las empresas por encima de los intereses ciudadanos y de la administración pública, llegando el caso, con tal de ganar pacientes de comarcas colindantes para aumentar sus ingresos económicos, de ofrecer servicios en hospitales comarcales que desde toda lógica deberían ser reservados para hospitales de referencia, condicionando así la planificación de la Conselleria de Sanitat".

Acta Sanitaria