pamplona. La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, entreabrió la puerta recientemente a que solo las interrupciones de embarazos por indicación médica, un 3% del total sean asumidas por la sanidad pública, con lo que, de aplicarse esta medida, quedarían fuera otras indicaciones, por ejemplo, el aborto por plazos, que la actual ley permite, sin ningún tipo de intervención médica, durante las primeras 14 semanas de gestación.

Esta medida satisfaría dos objetivos del Ejecutivo central, por un lado, recortaría el gasto sanitario y, por otro, cumpliría con el anuncio de modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que anunció nada más llegar al poder el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Las declaraciones de la secretaria general de Sanidad, por otra parte, están en línea con el documento enviado a Bruselas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que, al recoger las medidas de ahorro propuestas por el Ministerio, se establece que la cartera de servicios públicos solo atenderá a prestaciones estrictamente dirigidas a la curación o la prevención de la enfermedad. Aunque la ministra, Ana Mato, no concretó que se refieran al aborto, Farjas no lo desmintió cuando los partidos políticos se hicieron eco de la posibilidad de que el aborto sufriera un recorte de financiación pública. Mato, por otra parte, tampoco ha dado detalles de cómo será la revisión de la ley. En su comparecencia en el Congreso al poco de tomar posesión solo indicó que habría una ayuda a las mujeres que no quisieran abortar, con información sobre cuáles son las alternativas. Lo único que parece seguro es que la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años aborten en algunos casos sin informar a sus padres quedará excluida.

Si finalmente la financiación pública quedara restringida al aborto por motivos médicos y Navarra asumiera la cartera de Servicios planteada por el Ministerio de Sanidad, la mayoría de intervenciones correría por cuenta de las mujeres. Con la antigua ley de supuestos, de 1985, todos los abortos precisaban el visto bueno médico, que acreditaba el riesgo para la madre, malformación del feto o violación. Ahora, sin embargo, es imposible precisarlo, ya que la mayoría de las intervenciones se hacen en las primeras 14 semanas de gestación, durante las cuales las mujeres no están obligadas a dar ninguna justificación. Antes de la ley de salud sexual, un 97% alegaban riesgo para su salud con el fin de interrumpir su embarazo, pero tras la entrada en vigor de la ley solo un 3% de las mujeres recurrieron al artículo 15, que recoge las causas médicas.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea tramitó el pasado año 931 abortos frente a los 578 de 2010, un 61% más, aunque el aumento más espectacular se produjo tras la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, el 14 de julio de 2010. Hasta esa fecha, Salud había tramitado 40 interrupciones, cifra que se multiplicó por 13, hasta 538 con la aplicación de la reforma.

De las interrupciones tramitadas durante el pasado año por Salud, 85 de promedio al mes, la gran mayoría, 706, correspondieron al área de Pamplona, 166 a la de Tudela y 59 a la de Estella. Casi cinco de cada diez mujeres eligieron someterse a la intervención en la clínica Askabide, en la CAV; el 27,6, en la clínica Actur, en Aragón; el 18,6% eligieron la clínica de Ansoáin, abierta en el segundo semestre del pasado año; el 3,6%, en la clínica Isadora, en Madrid; y el 0,7% en la clínica Euskalduna, también en la CAV.

ahorro De mantenerse el porcentaje de mujeres que abortan por riesgo para la salud y en caso de aprobarse la medida planteada por Sanidad, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea dejaría de pagar algo más de 900 interrupciones de embarazos, lo que supondría un ahorro de unos 360.000 euros al año, puesto que la tarifa por estas intervenciones ronda los 400 euros.

Esta situación supondría un retroceso de años en lo que a financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra se refiere. En 2003, nueve de cada diez mujeres corrieron con los gastos de la intervención debido a que el departamento de Salud solo reconoció y financió 54 de los 559 abortos realizados. En todos los casos, las mujeres debieron desplazarse a clínicas fuera de la Comunidad Foral para la intervención. En aquellas fechas, al cantida que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea no desembolsó para financiar las IVES, acogidas a los tres supuestos que permitía la ley, ascendió a unos 428.000 euros, sumando los gastos de la intervención y los desplazamientos.