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CCOO Madrid ha expresado su "más enérgica protesta" por la creación en junio de la sociedad participada Canal de Isabel II Gestión, y ha criticado el "encabezonamiento" del Gobierno regional por "desmoronar" una empresa pública cien por cien desde hace 160 años y con beneficios "considerables" cada ejercicio.
A través de un comunicado, CCOO Madrid se ha referido al anuncio que hizo hace unos días el vicepresidente regional y presidente del Canal, Ignacio González, de aplazar la salida a Bolsa del Canal y crear el próximo mes de Canal de Isabel II Gestión, participada al 80% por la Comunidad y al 20% por los ayuntamientos.
CCOO Madrid ha recordado que la empresa dio 150 millones de euros de beneficio en 2011, y se ha preguntado por qué el Ejecutivo tiene "estas prisas" por constituir la nueva empresa participada, cuyo gasto "se puede calcular en unos 100 millones de euros".
"No se entiende la opacidad insistente tanto del presidente del Canal -no dando ninguna explicación en cada uno de los Consejos de Administración a las preguntas de los representantes del comité de empresa-, ni de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ante las preguntas de la oposición de cómo se está gestionando esta privatización", sostiene CCOO.
El sindicato también dice no entender por qué se quiere hacer partícipes a los ayuntamientos para una futura salida a Bolsa repartiéndose los beneficios "cuando ahora mismo, y desde hace mucho tiempo, esos beneficios son continuos cada año, y han servido para pagar M-30, Metro Sur o rotondas".
Por otro lado, EQUO Madrid ha celebrado la paralización de la privatización del Canal, y ha confiado en que no sea una solución "transitoria".
Según EQUO Madrid, el freno de esta privatización "es un logro de la movilización ciudadana", ya que la "presión ejercida" con la consulta popular que se realizó sobre la privatización ha sido "decisiva".
"El logro de la campaña contra la privatización del Canal obedece a la cada vez mayor conciencia de los ciudadanos en la necesidad de proteger los recursos naturales y los servicios básicos, garantizando su gestión con criterios de servicio, y no de mercado financiero", sostiene la organización ecologista.
