Sanidad, ese oscuro objeto de deseo

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CVC Capital Partners. Ese es el nombre que se esconde tras uno de los principales protagonistas de eso que ahora se conoce como ‘los mercados’. Cuando uno está entre los cinco mayores fondos de inversión del mundo, tiene la oficina central en Londres y la sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, sus oficinas en Madrid no pueden por menos que situarse en la calle Serrano, entre Hermosilla y Colón.

Presidido por Michael Smith (que para fundarlo dejó a principios de los 90 la dirección de los fondos de inversión del gigante estadounidense Citicorp en Europa), en la actualidad sus fondos mantienen una inversión total comprometida de 34.290 millones de euros para sus clientes, habituales de la revista Forbes.

CVC copó titulares en todo el mundo en abril con sus planes de vender en bolsa el 20% de las acciones de la Fórmula 1, de la que se rumorea que posee el 60%. Según Bloomberg, el valor del paquete en venta sería de 2.000 millones de dólares, equivalentes a los ingresos previstos por la F1 para este año, de los que espera un rendimiento del 10%. Un claro ejemplo de ‘típica’ operación de ‘los mercados’.

Aquí, CVC también acapara páginas de periódicos últimamente por otra operación en marcha, mucho más discreta pero no menos típica. Pretende sacar partido a su liquidez en uno de sus sectores favoritos, gracias al impulso a la privatización de la sanidad española escondido tras la política de recortes del Gobierno de Rajoy: la compra de la atención primaria y hospitalaria de un millón de valencianos, el 20% de la población.

CAPIO Sanidad es la empresa privada con la que se van a privatizar los hospitales de Castilla La Mancha y Valencia…

Para llevarlo a cabo, su vehículo será su portaviones en el sector sanitario español, la compañía Capio Sanidad, que la propia CVC define como el “operador sanitario líder en España”, con “más de 20 hospitales y centros de salud, más de 1.500 camas en cuatro autonomías, y 6.500 empleados”. Con una facturación de 570 millones de euros en 2011 y un ebitda en 2010 de 112 millones, el 25% de sus ingresos procede de la sanidad privada a través de las grandes aseguradoras del sector como Adeslas, Mapfre y Sanitas. Pero el 75% lo obtiene de la sanidad pública, “gestionada por gobiernos regionales con los que Capio tiene contratos a largo plazo de entre 10 y 30 años”, según ella misma explica.

La gestión público-privada es más cara

Un porcentaje que ampliaría significativamente con su oferta de compra de Ribera Salud a cambio de 110 millones de euros. Propietaria de cinco hospitales en Valencia (entre ellos el de Alcira, considerado el paradigma del modelo del PP de privatización sanitaria a través de concesiones) y del servicio regional de resonancia magnética, es una sociedad creada bajo los auspicios del entonces presidente Camps para privatizar (bajo la etiqueta de externalizar) la gestión de un quinta parte de la atención sanitaria valenciana. También tiene tentáculos en Madrid, donde cuenta con el hospital de Torrejón y con el servicio de laboratorio de seis hospitales públicos.

La Comunidad Valenciana cedió al sector privado todo salvo la titularidad del hospital de Alzira, inaugurado en 1999.

Tras los vaivenes que la fortuna está lanzando contra los dos accionistas de Ribera Salud (Bankia y la CAM), los gestores que CVC mantiene en Capio les han avisado de la ventana de oportunidad que se abre en un mercado sanitario español en plena travesía hacia la privatización. Bien lo sabe su presidente ejecutivo, Víctor Madera, que no sólo conoce a fondo el mercado tras crear la mayor empresa del sector, que incluye pesos pesados como la Fundación Jiménez Díaz de Madrid o el barcelonés Hospital General de Cataluña, sino que, dicen, cuenta con las relaciones políticas de sus consejeros y directivos, entre los que destacan los no menos pesados Rodrigo Rato (ahora quizá demasiado pesado), Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, o familiares de María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla La Mancha.

A principios de mayo, Marina Albiol, diputada por Castellón en las Cortes valencianas por Esquerra Unida, interpeló al consejero de Sanidad de la Generalitat valenciana, Luis Eduardo Rosado, por la compra de Ribera Salud: “¿Va a ser Capio, una empresa en la que Rodrigo Rato tiene acciones y familiares de Cospedal son directivos? Y en su réplica, el consejero en ningún momento me dijo que yo estuviera diciendo mentiras. Por lo tanto, yo supongo que es así, pero no tengo ningún papel que lo demuestre”.

Efectivamente, comprobarlo es prácticamente imposible. CVC presume en su web de haber abrazado los diez principios de buen gobierno empresarial expresados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pero en realidad tiene su sede en el tercer paraíso fiscal más opaco del mundo. Así que no es extraño que en su sede de Madrid afirmen no tener a nadie que pueda atender a preguntas de la prensa y te remitan vía correo electrónico a su departamento de comunicación en Londres, que ni siquiera se digna a responder.

Lo mismo ocurre en la propia empresa Capio Sanidad, donde sí hay un departamento de comunicación que se limita a contestar que los nombres de su consejo de administración y de su estructura organizativa constituyen “una información que, de momento, no estamos haciendo pública”. Eso sí, añaden que “las relaciones que se están vinculando con Capio no son ciertas”. Tampoco ofrece mucha ayuda acudir al Registro Mercantil. Los nombres que figuran como miembros del consejo de administración son los de otras empresas, que a su vez representan a empresas, etcétera, etcétera.

Eso en cuanto a la sociedad compradora. Lo mismo ocurre con la empresa en venta. Ribera Salud es propiedad al 50% de la CAM y de Bankia, cuyos nombres figuran en el Registro Mercantil como titulares del consejo de administración. En su departamento de comunicación se escudan en no tener la autorización de sus accionistas para dar la información, y en el de Bankia afirman que “todos los miembros de su consejo son técnicos”, y que, por lo tanto, “no tiene interés alguno dar sus nombres”. Como en Capio, en Bankia también piden que creamos que “ninguno de esos nombres (Rato, Cospedal, Lamela…) tiene cargo alguno en la sociedad”.

Así pues, la posible desinversión de Bankia en el sector sanitario y la privatización del sistema público de salud español que planean el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular se están llevando a cabo con un oscurantismo total, burlando los más básicos principios de transparencia y buen gobierno, esos conceptos con los que gobernantes y políticos, ejecutivos y grandes empresarios, se llenan la boca.

El último dirigente del PP en apostar por la privatización ha sido el que fue mano derecha del ministro de Sanidad con Aznar, Romay Beccaría, como presidente del Insalud y hoy presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo: “En lo que no sea el núcleo duro del sistema, se puede experimentar con otros instrumentos (gestión privada)”, afirmó hace apenas diez días. Pero la realidad es que ese afán privatizador es una de las víctimas de la gestión de la crisis por el Gobierno. Tanto Capio como Bankia reconocen que sus conversaciones sobre Ribera Salud están ahora “totalmente paradas”.

En gran parte, seguro, por la situación de la propia Bankia. Pero también por la desconfianza de los inversores en una situación en la que los laboratorios empiezan a exigir efectivo para seguir proveyendo a los sistemas de salud españoles. No es que, ante las necesidades de capital de Bankia, CVC piense que si espera, la compra de Ribera Salud le puede salir mucho más barata. Ante la situación financiera española, al final podría ser ella la que tuviese que reconocer minusvalías en sus balances. El ogro de todo inversor capitalista.

Fuente: ZONA CRÍTICA un blog de eldiario.es

Dempeus per la salut pública

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