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RDC (11-06-12)
Los suministros de armas provocan homicidios ilegítimos y violaciones
Los líderes políticos deben actuar de inmediato y detener los suministros de armas a la República Democrática del Congo (RDC), donde estas operaciones continúan exacerbando los homicidios ilegítimos, las violaciones, los saqueos y los secuestros, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, titulado DR Congo: Arms supplies fuelling unlawful killings and rape, pone de relieve cómo tanto las fuerzas de seguridad congoleñas como los grupos armados pueden perpetrar graves violaciones de derechos humanos gracias a la facilidad con que disponen de armas y munición.
“La situación en la RDC demuestra la necesidad acuciante de que los gobiernos de todo el mundo se pongan de acuerdo en la adopción de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas exhaustivo en las negociaciones finales de julio en la ONU”, ha dicho Paule Rigaud, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
El informe de Amnistía Internacional muestra cómo deficiencias fundamentales en el aparato de seguridad congoleño permiten el uso indebido y el desvío permanente de armas y municiones, lo cual a su vez allana el camino para graves violaciones y abusos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y de grupos armados.
“Hasta que haya salvaguardias de derechos humanos, los Estados deben poner fin a las transferencias de material militar a países, como la RDC, en los que exista un riesgo sustancial de que tales suministros se utilicen para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos y ataques contra la población civil”, ha dicho Paule Rigaud.
En los últimos años se ha suministrado al gobierno de la RDC toda una variedad de armas, municiones y material conexo, incluidas armas pequeñas, munición, gas lacrimógeno, vehículos acorazados, cañones de artillería y morteros. Los principales proveedores de armas a la RDC son China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica y Ucrania.
En la mayoría de los casos examinados, las transferencias habían sido autorizadas por los Estados proveedores a pesar del riesgo sustancial de que las armas se utilizaran para perpetrar graves abusos contra los derechos humanos o crímenes de guerra en la RDC.
Además de reforzar el actual embargo de armas contra la RDC, los líderes políticos deben acordar un sólido Tratado sobre el Comercio de Armas. Amnistía Internacional pide un Tratado que exija a los Estados proveedores evaluar rigurosamente y caso por caso el peligro de cada transferencia de armas propuesta.
Los Estados deben determinar si existe un riesgo sustancial de que el destinatario de las armas probablemente las utilice para perpetrar o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En los casos en que exista un riesgo sustancial, el Estado proveedor debe detener la transferencia hasta que este riesgo se elimine y se establezcan salvaguardias.
“A menos de tres semanas de las negociaciones finales del Tratado sobre el Comercio de Armas, los gobiernos tienen una oportunidad histórica de asegurarse de que esto sucede”, ha dicho Paule Rigaud, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
Los altos mandos de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) a menudo venden o dan armas a grupos armados, incluidos aquellos contra los que luchan. Con frecuencia los grupos armados también obtienen armas y munición que las unidades de las FARDC dejan atrás cuando huyen de zonas de combate.
Tras oleadas de deserciones en sus tropas en mayo, las FARDC confiaron a un coronel un camión lleno de munición y decenas de miles de dólares para suministros. El coronel desertó y se unió a un nuevo grupo armado, llevándose consigo las armas y el dinero.
Como suele suceder, la población civil es la que soporta las terribles consecuencias de la falta de control, el desvío de armas y la impunidad.
En octubre de 2008, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) atacó la ciudad de Kiwanja. En el ataque murieron 150 civiles. La operación se realizó días después de que el grupo armado hubiera saqueado un almacén del ejército en la ciudad de Rumangabo, al este del país, apoderándose de grandes cantidades de armas. En Kiwanja, las tropas fueron casa por casa, sacando a rastras a los hombres jóvenes para matarlos a puñaladas o disparándoles en la cabeza o el pecho.
Laurent Nkunda, entonces dirigente del CNDP, declaró orgulloso en una entrevista con Amnistía Internacional en 2008: “He tomado Rumangabo dos veces. No podemos ni calcular el número de armas que sacamos de allí, eran muchísimas.
“Tras la primera vez, las FARDC volvieron a llenar el almacén con armas de todos los calibres: cañones antiaéreos, cañones antitanque. Me las dio el gobierno. Me gustaría agradecerle a China que haya dado a las FARDC todas estas armas”.
Las transferencias de armas a las fuerzas gubernamentales también mantienen más violaciones de derechos humanos, incluidas violaciones en masa y otros actos de violencia sexual. Entre el 31 de diciembre de 2010 y el 1 de enero de 2011, las tropas de las FARDC atacaron el pueblo de Bushani, en la provincia de Kivu Septentrional. Los soldados violaron a casi 50 mujeres de entre 16 y 65 años, disparando al aire y amenazándolas de muerte si se resistían.
Algunos de los cartuchos que se encontraron posteriormente en el lugar eran de fabricación china.
El problema no sólo es patente en el este de la RDC. Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, también ha documentado graves violaciones de derechos humanos –homicidios ilegítimos, tortura y detenciones arbitrarias– perpetradas por las fuerzas de seguridad congoleñas, sobre todo la Guardia Republicana, en la capital, Kinshasa, antes y después de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2011.
“Hace mucho tiempo que esos países que suministran armas a la DRC deberían llevar a cabo valoraciones de riesgo estrictas. Esto evitaría que el flujo de suministros de armas fuera utilizado por todos los bandos para cometer crímenes de derecho internacional”, concluye Paule Rigaud.
Información de contexto
El Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas a la RDC en 2003, suavizado después en 2008 –la retirada de lugares designados para la importación de armas y eliminación de las restricciones al suministro de unidades no integradas en las fuerzas armadas y de las que aún están en el proceso– con importantes consecuencias para la proliferación y el abuso de las armas en el país.
Amnistía Internacional pide que el embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU se refuerce, encomendando a la Misión de la ONU en la RDC que preste ayuda y facilite la cooperación internacional para garantizar la aplicación de un sistema eficaz para la seguridad material y la gestión legal del almacenamiento de armas convencionales en el país receptor, y la aplicación de un sistema estricto para la rendición minuciosa de cuentas del almacenamiento, el registro, la posesión y el uso de las armas, municiones, armamentos y material conexo por parte de las fuerzas armadas y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la RDC.
La organización también pide que se reincorpore al mandato del embargo de armas de la ONU el requisito de que haya un número restringido de puntos de entrada designados para la importación de todas las armas convencionales al gobierno de la RDC. Del personal y la supervisión de estos lugares designados debe encargarse la Misión de la ONU en la RDC (MONUC).
