Los firmantes del documento calculan que, de aplicarse el decreto en Euskadi, la sanidad pública dejaría de atender a 13.500 jóvenes mayores de 26 años, 800 personas divorciadas, 3.500 con discapacidad menor del 65%, 22.000 inmigrantes empadronados y otros 17.000 sin empadronar. Entienden que la "segregación legal" contemplada en la normativa dejaría fuera de la asistencia a unas 60.000 personas. Para los citados colectivos, "las medidas recogidas en el decreto contradicen todos los principios éticos de las profesiones sanitarias" y auguran que en breve serán más de 25 sociedades científicas, ONG, colectivos de ciudadanos, las que se sumen a esta iniciativa.

Otras experiencias nacionales

Según explicaron, el documento está inspirado en otros varios que ya han presentado públicamente, en el ámbito del estado español, asociaciones profesionales como la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública), la SEMFyC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria), SESPAS (Sociedad Española de Salud Publica y Administración Sanitaria) y AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría).

"Cada semana son más y más los colectivos profesionales que no aceptamos este Real Decreto y sus daños colaterales, que no sólo no mejorarían la calidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, sino exactamente todo lo contrario. Son medidas de ahorro que no ahorran, sino que encarecen y pueden desmantelar el Sistema Público de Salud", aseguran.

Los sanitarios celebran que sea el País Vasco la primera Comunidad Autónoma del Estado Español en la tantos colectivos de profesionales se hayan puesto de acuerdo para afirmar que "la salud es un derecho universal de los y las ciudadanas vascas y que la accesibilidad a los servicios sanitarios es básica para evitar inequidades en salud. Los inmigrantes que trabajan y viven con nosotros son sujetos de derechos sociales y, como es normal, necesitan una asistencia sanitaria digna y de calidad". Saludan, asimismo, la iniciativa del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco de no aceptar los contenidos de dicho Real Decreto, "animándole a que mantenga la firmeza necesaria". El Gobierno vasco anunció recientemente su intención de recurrir el Real Decreto ante el Tribunal Constitucional.

Organismos firmantes

Organismos participantes de la declaración: Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, Asociación por el Derecho a la Salud (OSALDE), Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, Sociedad Vasco – Navarra de Pediatría, Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi, Asociación Vasca de Rehabilitación Psicosocial, Euskal Herriko Lehen Mailako Pediatria Elkartea, Médicos del Mundo, Colegio de Enfermería de Bizkaia y Sociedad Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria (OSATZEN)