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Federación Rusa (21-06-12)
Amnistía Internacional denuncia violaciones de derechos humanos en el Cáucaso Norte en el marco de operaciones de seguridad
“Estoy en una etapa en la que envidio a los padres que encuentran los cadáveres de sus hijos”. Boris Ozdoev, padre de un hombre víctima de desaparición forzada.
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, armados y enmascarados, actúan fuera de control para reprimir las actividades de los grupos armados en el Cáucaso Norte, pero lo que consiguen es aumentar todavía más la inseguridad en la región, sin que las autoridades hagan nada por atajarlo. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, titulado The circle of injustice: Security operations and human rights violations in Ingushetia, examina las violaciones de derechos humanos –como homicidios ilegítimos, desapariciones y tortura– y las políticas y prácticas que subyacen tras ellas, centrándose en una república en concreto, aunque las conclusiones y recomendaciones de Amnistía Internacional pueden aplicarse a toda la región.
“La situación en el Cáucaso Norte ha quedado fuera del radar nacional e internacional en los últimos años, pero los abusos graves contra los derechos humanos siguen cometiéndose impunemente, en toda la región. Debe hacerse un esfuerzo real para imponer el Estado de derecho y para impedir los abusos cometidos por agentes que actúan fuera de control. La seguridad a largo plazo de la región depende de ello”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Se calcula que, desde 2002, más de 200 personas han sido secuestradas por hombres armados y enmascarados. No se ha procesado a nadie por ninguna desaparición forzada cometida en Ingushetia o en la región.
Zelimkhan Chitigov, de origen checheno y de poco más de 20 años, fue secuestrado en abril de 2010 por unos 30 hombres armados y llevado a un lugar desconocido, con la cabeza cubierta por una bolsa y las manos atadas a la espalda. Al negarse a confesar actividades relacionadas con el terrorismo, lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas, le arrancaron las uñas de los pies, le retorcieron la piel con alicates y lo colgaron de barras de metal. Más tarde supo que había sido torturado en el Centro de Lucha contra el Extremismo del Ministerio del Interior, en la localidad de Nazran. Cuando finalmente compareció ante un juez, Zelimkhan Chitigov no podía caminar y se desmayó ante el tribunal. Lo llevaron al hospital, donde permaneció bajo vigilancia durante dos meses, y luego quedó en libertad con restricciones para viajar. En ese momento, no podía caminar ni hablar y sufría frecuentes ataques de pánico. Le habían diagnosticado lesiones graves en la cabeza, la columna y los órganos internos. En julio de 2010 se abrió una causa penal sobre sus denuncias de tortura y detención secreta. El juicio aún está en curso.
“Zelimkhan Chitigov es uno de los muchos que han sido golpeados y torturados en Ingushetia. Su caso es excepcional únicamente en cuanto a que es el único en el que se han presentado cargos contra uno de sus torturadores, pero esos cargos abarcan sólo su detención secreta, no las denuncias de tortura”, ha manifestado John Dalhuisen.
Impunidad en las operaciones de seguridad
Todos los años se denuncian en Ingushetia ejecuciones ilegítimas, a menudo cometidas durante operaciones de seguridad, pero ni un solo caso ha llegado ante los tribunales. Las operaciones de seguridad están envueltas en el secreto, lo que en la práctica da luz verde a las violaciones de derechos humanos.
La estructura de los órganos encargados de hacer cumplir la ley que actúan en el Cáucaso Norte también es compleja y opaca, y les permite eludir la responsabilidad, o el conocimiento, de las violaciones de derechos humanos cometidas habitualmente por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que van enmascarados, no llevan insignias identificativas y conducen vehículos sin distintivos.
“Es como si se hubiera corrido un velo corporativo sobre las actividades de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en el Cáucaso Norte”, ha declarado John Dalhuisen.
“Hay ocasiones en las que los investigadores y los fiscales no pueden investigar los abusos. Sin embargo, con frecuencia parecen no estar dispuestos a hacerlo, ya que abandonan o no siguen de manera efectiva líneas evidentes de investigación, y se pone así en duda su independencia y su imparcialidad”.
Pese a que recientemente se ha introducido en Rusia una reforma significativa del sistema de justicia penal y unas salvaguardias procedimentales y prácticas contra la tortura, conformes con el derecho internacional de los derechos humanos, existen pruebas abrumadoras de que los agentes encargados de hacer cumplir la ley siguen utilizando ampliamente la tortura para obtener testimonios y presentar pruebas ante los tribunales.
“En estos momentos, la única esperanza real de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Cáucaso Norte es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo: un proceso que dura años y que en muchos casos ha resultado ser peligroso para los denunciantes. Las autoridades rusas deben administrar justicia en su país”.
“Nadie está por encima de la ley, especialmente aquellos que tienen el deber de hacerla cumplir. Las autoridades rusas deben implantar una política de ‘tolerancia cero’ respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y para ello deben llevar a cabo investigaciones inmediatas e imparciales y deben procesar a los responsables”.
Información complementaria
Ingushetia es la república más pequeña de la Federación Rusa, con 413.000 residentes. Limita con Georgia al sur y con Chechenia y Osetia del Norte al este y al oeste, respectivamente. Es una de las repúblicas más pobres de la Federación Rusa, con el índice de desempleo más elevado (47,7 por ciento). El 91 por ciento de su presupuesto procede de subsidios federales directos.
A consecuencia del conflicto militar de Chechenia en la década de 1990, Ingushetia recibió una oleada de más de 100.000 refugiados. A medida que, en la década pasada, el conflicto checheno se fue extendiendo a las repúblicas vecinas, la actividad de los grupos armados en Ingushetia fue en aumento, con actos como los intentos de asesinato de los presidentes Murat Zyazikov (abril de 2004) y Yunus-Bek Yevkurov (junio de 2009). Los civiles también han sido blanco de ataques, o se han visto atrapados y han muerto en el fuego cruzado. Esto ha dado lugar a la aparición de numerosos órganos encargados de hacer cumplir la ley y al lanzamiento periódico de operaciones de seguridad de diversa escala, en su mayoría pequeñas.
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