Loading ...
Noticias
Corte Penal Internacional ( 1-07-12)
Al cabo de 10 años, es hora de que los líderes apoyen a la Corte
Es hora de que los gobiernos del mundo muestren el debido apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), ha manifestado Amnistía Internacional cuando la CPI celebra un decenio de administración de justicia en favor de personas que han sido víctimas de algunos de los más graves delitos imaginables.
“La existencia misma de la Corte Penal Internacional ha dado esperanzas de que se hará justicia a las víctimas de crímenes atroces cometidos en todo el mundo”, ha señalado Marek Marczyński, director de investigación, política y campañas del equipo de trabajo sobre Justicia Internacional. “Los gobiernos deben demostrar su apoyo a la CPI comprometiéndose públicamente a respaldarla política y económicamente.”
Desde 1994, Amnistía Internacional hizo campaña, junto con miles de organizaciones no gubernamentales de todo el planeta, por el establecimiento de un tribunal internacional permanente para juzgar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La campaña dio sus frutos cuando, el 1 de julio de 2002, entró en vigor el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, y firmaron los primeros 60 Estados. Al cabo de 10 años, el número de Estados Partes de todos los continentes es más del doble: 121.
Hoy día, la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, ha comenzado a investigar y a intentar enjuiciar delitos cometidos en Costa de Marfil, Kenia, Libia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, la región sudanesa de Darfur y Uganda.
Está también decidiendo si abrir nuevas investigaciones sobre presuntos delitos cometidos en otros lugares, como Afganistán, Colombia y Gaza.
El 14 de marzo de 2012, la CPI dictó su primera sentencia, en la que declaró a Thomas Lubanga culpable de reclutar y utilizar a niños y niñas soldado en la República Democrática del Congo. [Véase este vídeo].
“Quienes tengan intención de cometer este tipo de crímenes deberán ahora pensárselo dos veces, porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas por ello”, ha señalado Marczyński.
No obstante, los grupos de defensa de los derechos han advertido de las serias dificultades que se le presentan a la nueva fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que tomó posesión de su cargo el 15 de junio. Algunos Estados firmantes del Estatuto de Roma no han detenido a personas buscadas por la CPI, como el presidente sudanés Omar al Bashir, contra quien se ha dictado orden de detención por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur.
A pesar de la orden de detención, Omar al Bashir realiza frecuentes viajes oficiales a Estados amigos, dispuestos a sustraerlo de la acción de la justicia.
“El hecho de que los gobiernos no presten apoyo a la consolidación de la CPI ni garanticen la ejecución estricta de sus órdenes de detención es muy preocupante. Las víctimas se merecen algo mejor”, ha añadido.
Señalando a Siria, Amnistía Internacional ha advertido de que el Consejo de Seguridad de la ONU no se está ocupando de crímenes de lesa humanidad cometidos en países que no han firmado el Estatuto de Roma, pese a haberlo hecho en los casos de Darfur y Libia.
La organización pide también a los gobiernos que contribuyan a garantizar que la CPI cuenta con los fondos necesarios para hacer justicia y ofrecer reparación a las víctimas. Amnistía Internacional se ha referido a la creciente preocupación por que algunos Estados que lideraron los esfuerzos por establecer la CPI, como Reino Unido, Alemania, Francia, Japón e Italia, estén ahora desentendiéndose de ella, al negarse a financiarla plenamente.
Muchos Estados tienen todavía que comprometerse a hacer aportaciones voluntarias periódicas al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, instituido en la CPI. El Fondo se ocupa de ayudar a las víctimas y entregarles la reparación que ordene la CPI. (Véase este vídeo).
Las actividades del Fondo Fiduciario son esenciales para ayudar a atender el sufrimiento de las víctimas a fin de que puedan reconstruir sus vidas. Por medio de proyectos dirigidos a rehabilitar y atender a las víctimas, el Fondo está teniendo ya un importante impacto en la vida de muchas de ellas.
Pero hacen falta muchos más medios. “Instamos a nuestro gobierno a que reafirme su compromiso de poner a los perpetradores a disposición de la justicia y garantice que las víctimas reciben una reparación por los atroces crímenes cometidos contra ellas”, ha afirmado Marczyński.
