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Un total de 110 familias españolas recurrirán ante la Audiencia de Madrid el decreto de reforma de la Ley de dependencia aprobado por el Gobierno que, entre otros recortes, prevé una reducción del 15 por ciento en las ayudas a cuidadores no profesionales y un aplazamiento hasta 2015 de los pagos a dependientes moderados.
Según han explicado fuentes de la Asociación por los Derechos Civiles de los Discapacidades y sus Familias (ADCD), promotora de la iniciativa, las mayoría de las personas que se han adherido al recurso cuentan con familiares dependientes y consideran que el decreto "vulnera los derechos básicos".
"Es hora de que los padres tomemos la palabra para defender los derechos de nuestros hijos", han asegurado las mismas fuentes, recordando que serán las familias quienes asuman el coste del proceso, de unos 2.200 euros.
El recurso se presentará en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia de Madrid en los próximos días y las familias están "dispuestas a llegar hasta el final, incluso a ir a Estrasburgo".
El consejero de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, anunció el pasado viernes su intención de recurrir el mismo decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invade las competencias de las autonomías.
