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Recientemente el consejero de Sanidad de Extremadura ha hecho unas declaraciones en las que anunciaba que iba a dar en retribuciones a los profesionales sanitarios “todo lo que ellos consigan ahorrar en el capítulo dos y cuatro", capítulos que incluyen gasto hospitalarios, material sanitario, pruebas diagnósticas y medicamentos, es decir casi todo lo relacionado con la atención sanitaria.
Desde hace tiempo se conocen las dificultades de los incentivos a los profesionales sanitarios, porque estos realizan una labor de agencia respecto a los ciudadanos que se fundamenta en la convicción que tienen éstos de que los profesionales adoptan las mejores decisiones posibles en cada caso y las más fundadas de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos, y esta confianza es en lo que se basa la relación medico–paciente que es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema sanitario, especialmente si es público, porque la atención sanitaria privada introduce una relación de proveedor–cliente que obviamente condiciona notablemente esta situación (para decirlo de una manera sencilla, el cliente, claro está si dispone de dinero suficiente, siempre tiene razón). Precisamente es la independencia de juicio y de criterio de los profesionales sanitarios del sector público uno de los motivos que fortalecen el sistema y uno de los motivos por los que la Sanidad Pública puede ofrecer mayores garantías en cuanto a la calidad de sus resultados.
Porque los incentivos en Sanidad tienen una gran facilidad para convertirse en “perversos” es decir obtener resultados inversos a los que en teoría se pretenden. Hay mucha experiencia internacional y mucha bibliografía al respecto, pero resumidamente puede decirse que los incentivos a la actividad (por ejemplo el pago por acto) favorecen una hipertrofia de actividades innecesarias con los riesgos que ello tienen para la población (la mayoría de las actuaciones del sistema sanitario tienen algunos efectos adversos) y de incremento exponencial de los costes. Por otro lado los incentivos al ahorro suelen traer la consecuencia de una restricción inapropiada de actividades y por lo tanto un deterioro de la calidad de la atención sanitaria, y además una restricción no siempre apropiada, sino en aquellas actividades que son más costosas (potencialmente mas generadoras de ahorro) o menos demandadas por la población aunque sean más importantes para la salud.
Otro aspecto a tener en cuenta en el caso de los incentivos es que la capacidad de ahorro de aquellos que habitualmente han hecho las cosas mal es muy superior a la de quienes ya se están ajustando a la actividad necesaria para el mantenimiento de la salud de la población, y los incentivos pueden acabar penalizando precisamente a quienes tienen una practica de mayor calidad y un mayor grado de compromiso profesional (un buen ejemplo fueron las peonadas que con frecuencia favorecían a los que tenían una menor actividad en su horario habitual).
Además, en medio de la crisis y los recortes el establecer incentivos sobre el ahorro en la utilización de recursos puede favorecer el enfrentamiento con la población y el derivar la responsabilidad de los recortes desde las administraciones hacia los profesionales con la lógica perdida de confianza de la población y la generación de enfrentamientos. No seria raro que todo el asunto se tratase de una simple estrategia para desviar la atención de la responsabilidad de las administraciones sanitarias y para continuar incidiendo en el desprestigio de la Sanidad Pública de acuerdo con la deriva privatizadora del PP.
De todas maneras no debe olvidarse que la utilización responsable de los recursos sanitarios públicos es un deber de los profesionales y de las administraciones sanitarias, pero para conseguirlo hay que avanzar en la utilización de guías de práctica clínica basadas en la evidencia, de sistemas de incentivos que premien la adecuación de la utilización de los mismos (es decir la utilización de los que son precisos en cada caso concreto) y de la participación de los ciudadanos en el control del funcionamiento del sistema sanitario para que la tarea de mantener un sistema sanitario público de calidad sea una responsabilidad compartida.
