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Los que nos piden que nos apretemos el cinturón y austeridad saben mucho de abusar del Estado del Bienestar y de vivir por encima de las posibilidades de los dineros públicos.
Los ministros Soraya Sáenz de Santamaría y Miguel Arias Cañete; la presidenta autonómica, María Dolores Cospedal, o el diputado nacional del PP, Arturo García-Tizón, miembros del “clan de los Abogados del Estado”, o del “Cuerpo”, como a ellos mismos les gusta autodenominarse, cobran 19.000 euros en concepto de trienios de antigüedad a pesar de no estar en activo y algunos de ellos, incluso, como es el caso de titular de Agricultura, sin aparecer por el despacho desde 1982.
Cuando la mayoría de los exaltos cargos del PSOE han renunciado a sus indemnizaciones por cesantía, cuando los funcionarios han visto reducido su sueldo y desaparecer la extra de Navidad; cuando miles de profesores son expulsados de las aulas y mandados al paro y decenas de miles de interinos entran a formar parte de las abultadas listas del desempleo, un reducido número de altos cargos del PP, que tienen en común su pertenencia al “Cuerpo” de Abogados del Estado, cobra todos los meses trienios de antigüedad a pesar de no ejercer y estar en situación de excedencia voluntaria.
Treinta años sin aparecer por el despacho
El caso más llamativo es el protagonizado por el ministro “rico” de Mariano Rajoy. El titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete (el pasado año ganó 149.372 euros por actividades privadas, ver declaración, a lo que habría que añadir otros 70.000 por su condición de diputado por Madrid), que lleva 30 años sin aparecer por su teórico despacho de Ceuta, Cádiz o Jerez de Frontera, donde tiene reservada su plaza de Abogado del Estado, y, sin embargo, se embolsa todos los años 6.494 euros en concepto de trienios de antigüedad, o el equivalente a lo percibido en el mismo periodo de tiempo por un desempleado de larga duración perceptor de la ayuda de 420 euros mensuales, que el Gobierno del PP pretende ahora suprimir.
García-Tizón, el pluriempleado político
Al menos Arias Cañete facturaba esta “millonada” por sus “honorarios derivados del ejercicio libre de la abogacía”, entre otros conceptos retributivos privados, pero hay otros miembros del “Cuerpo”, como es el caso del diputado del PP por Toledo, Arturo García-Tizón, que además del sueldazo aproximado de 85.000 euros al año, cobra también 6.568,10 euros por su condición de Abogado del Estado en excedencia y es perceptor, para más esperpento, de 1.823 euros al mes en concepto de gastos de manutención y alojamiento por ser diputado de fuera de Madrid, cuando en su declaración de bienes (ver documento) quedan recogidas hasta ocho propiedades inmobiliarias en la capital de España, donde reside habitualmente, y en la localidad de Chinchón. No solo eso, García-Tizón es capaz de compatibilizar su acta de diputado con la presidencia de la Comisión Constitucional, concejalía del Ayuntamiento de Toledo, presidencia de la Diputación de la misma provincia y la presidencia del PP toledano, cargos que desconocemos si están o no retribuidos, o recibe algún tipo de compensación dineraria, o en especies, como utilización de coches oficiales, dietas, desplazamientos, etc.
La vicepresidenta de los 1.771 euros
Está claro, los Abogados del Estado son un caladero insaciable para buscar altos cargos, sobre todo cuando gobierna el PP. Tanto es así, que en tiempos de Aznar hasta 32 miembros del “Cuerpo” formaron parte del equipo del expresidente del Gobierno. Esperanza Aguirre también ha demostrado cierta debilidad por este colectivo, nombrando a María Dolores Cospedal consejera de Transportes en 2005. Mariano Rajoy no iba a ser menos y también ha ido “a pescar” entre la Abogacía, con el nombramiento de Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta, que añade a su nómina de segunda de abordo otros 1.771,29 euros de antigüedad.
“Antes de nada soy Abogado del Estado”
Y es que no hay nada más corporativista que la Abogacía del Estado, que a diferencia de Fiscales y Jueces solo tienen una asociación donde caben todas las sensibilidades políticas, y donde de vez en cuando aparecen en sus publicaciones algunos de sus miembros en excedencia, como es el caso de María Dolores Cospedal, que no tiene reparos en asegurar que: “Antes de nada soy Abogado del Estado” (ver publicación), ni perjuicios morales para cobrar 3.542,58 euros que percibe por no ir a trabajar y sí por su antigüedad en el “Cuerpo”, ni le tiembla el pulso cuando suprime la paga a las viudas o deroga la gratuidad de los libros de texto, ni mucho menos cuando retira el complemento a los funcionarios que han sido altos cargos, pero “su antigüedad, ni tocarla”, reconoce a ELPLURAL.COM un afectado socialista.
El privilegio de los trienios de antigüedad…
Sería injusto por nuestra parte mencionar solo a los Abogados del Estado en excedencia y metidos en política como los únicos perceptores de estos privilegiados emolumentos. No, también otros políticos perciben estos trienios por su condición de funcionarios del Estado, aunque dentro de los grupos es el PP, con diferencia, el partido que aporta más beneficiarios. Veinticinco diputados cobran 141.038,36 euros por estos conceptos, mientras que los 12 parlamentarios socialistas que perciben “la antigüedad” suman un total de 63.074,26 euros, que unidos a los cuatro de CiU y PNV alcanzan la nada desdeñable cantidad de 221.177 euros, o si se prefiere el sueldo mensual de 526 parados de larga duración.
…Y la cara de algunos diputados
Y también sería injusto no mencionar al diputado del PP por Zaragoza, Eloy Suárez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento maño, que tras recibir un sueldo aproximado de 65.000 euros por su condición de parlamentario nacional (ver declaración), reclama que los `pobres ayuntamientos de Torralba de Aragón, Senés de Alcubierre y Robres, donde es secretario en excedencia especial desde hace más de ocho años, le paguen mensualmente 290 euros (6.000 euros al año) en concepto de trienios de antigüedad.
