Cospedal quiere destruir 672 puestos públicos en Castilla-La Mancha

El futuro laboral de cientos de personas ha estado este último mes en el centro de la trifulca política que han mantenido dos políticos que ejercen responsabilidades dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha que preside la también número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Se trata del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, que emitió una instrucción (ver imagen que acompaña a la noticia) en la que exige a todas las consejerías de la comunidad el despido del 80% de los interinos que trabajan en la administración castellano manchega; y de su superior, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y mano derecha de Cospedal, Leandro Esteban, que ha desautorizado esa providencia.

Pero lejos de asumir esa desaprobación, la Dirección General de la Función Pública tiene previsto transformar su amenaza en ejecución la próxima semana. El citado organismo presentará el lunes a los sindicatos una propuesta que según las propias centrales, que ya la tienen en sus manos, "se asemeja muchísimo" a la que puso encima de la mesa De la Fuente el mes pasado. El borrador (ver PDF), al que ha tenido acceso Público, contempla la supresión de 672 puestos de la administración castellano manchega y, por tanto, la despedida de otros tantos empleados públicos. Desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (SATS), han explicado a este diario que "todas, o casi todas" esas plazas están ocupadas por personal interino.

La modificación afecta a muy diversas profesiones, que van desde los letrados hasta los periodistas o los educadores infantiles, según consta en el texto compuesto de 47 páginas. Si se observa el listado se comprueba que algunos puestos se modifican, lo que en la práctica significa que se reducen las plazas de la administración referidos a esas ocupaciones. Otras de ellas, directamente, desaparecen de sus correspondientes departamentos.   

Todo comenzó el pasado 20 de julio cuando se filtró a los medios de comunicación la instrucción, fechada el 11 de julio, en la que la Dirección General de la Función Pública establecía que "cada consejería y organismo autónomo deberá amortizar el 80% de los puestos de trabajo vacantes de su consejería u organismo que, a fecha del 16 de julio de 2012, estén ocupados por personal funcionario interino". El texto requiería asimismo a todos esos organismos, que remitieran a la dirección general una propuesta para cumplir con su petición de despidos antes del 1 de agosto.

Público