Consulta con el médico: 39 euros

Una visita con el médico de familia o con el pediatra en los centros de salud madrileños cuesta 39 euros. Si incluye alguna prueba complementaria, sube hasta los 57 euros. Todas las asistencias sanitarias que se realizan en los hospitales y los centros de salud madrileños tienen un precio fijado, en vigor desde 2009, que se suele cobrar a aseguradoras o a mutuas de trabajo en caso de accidente laboral. La mayoría de ciudadanos no llega a conocerlos nunca, puesto que, con el sistema actual, solo hay que presentar la tarjeta sanitaria —que se obtiene con el empadronamiento— para ser atendido de forma gratuita. Sin embargo, el sistema está a punto de cambiar. El 1 de septiembre los inmigrantes irregulares se quedan fuera del sistema sanitario ordinario, por lo que deberán costear sus tratamientos.

La nueva legislación del Ministerio de Sanidad establece que las embarazadas y los menores de edad seguirán teniendo atención sanitaria gratuita, igual que los asilados políticos y las víctimas de trata. El resto de los extranjeros sin papeles solo podrá ir a urgencias. A principios de este mes, el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas una orden que desarrolla el real decreto 16/2012 y que prevé una vía para que estas personas puedan seguir siendo atendidas en el sistema público. Lo llama convenios especiales, y en la práctica son como pólizas con pagos muy parecidos a los de los seguros sanitarios privados. Un extranjero sin permiso de trabajo en España tendría que pagar 710 euros al año para mantener la asistencia sanitaria en la red pública.

¿Qué sucede si no pueden pagar esas cuotas, de cantidades muy similares o incluso superiores a las de aseguradoras privadas? Empezarían a recibir facturas por cada asistencia sanitaria que necesitaran. Lo explicó el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, la semana pasada: “Los inmigrantes que no reúnan esas condiciones [embarazadas y menores] serán asistidos en caso de que lo necesiten. Cosa distinta es que luego eso genere la emisión de una factura que será remitida a sus países de origen en el caso de que haya convenio, como lo hay con Marruecos, Argentina o Perú, o bien la persona se habrá acogido a la fórmula de convenio especial con el Sistema Nacional de Salud, o si no es el caso, recibirá él la factura”.

El consejero estableció una excepción: los enfermos crónicos. Los inmigrantes irregulares que ya estén diagnosticados podrán seguir su tratamiento de manera gratuita “exactamente igual que hasta ahora”, aseguró. “Cosa diferente es personas que lleguen a España ahora y que todavía no hayan sido tratados por nuestro sistema. Esta reforma está pensada para evitar que vengan personas de cualquier parte del mundo para recibir asistencia médica. Eso no sucedía en ningún parte de Europa y ahora tampoco va a suceder en España, cosa que me parece lógica”, señaló. Lo que no está claro es cómo se va a aplicar esa excepción en la práctica. La tarjeta sanitaria individual “constituye la llave de acceso al sistema sanitario público madrileño”, tal y como explica la Comunidad de Madrid en su portal de Salud. Es decir, se exige para absolutamente cualquier trámite. Sin tarjeta no hay cita y sin cita, no hay visita con el médico.

Preguntado por esa cuestión, Lasquetty afirmó que la gestión administrativa de los pacientes sin tarjeta “se hará con normalidad”. “Lo importante es el registro que hay de cada paciente en la base de datos de la Consejería de Sanidad, con nombre y apellidos, código de identificación y su pasaporte, luego no habrá ningún problema para que una persona que está recibiendo tratamiento antiretroviral continúe recibiéndolo en las mismas condiciones”, señaló. Los pacientes crónicos, por tanto, tienen asegurada la asistencia en Madrid, según la Comunidad. Pero solo los ya diagnosticados. “Insisto: aquellas personas que ya estaban siendo tratadas”, precisó Lasquetty. Es decir, si una persona sin papeles es diagnosticada de VIH o de diabetes antes del 1 de septiembre podrá seguir en el sistema público como hasta ahora. Si es más tarde, quedará fuera.

Cinco comunidades autónomas [Andalucía, Asturias y País Vasco, donde gobierna el PSOE, Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU)], que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, se han rebelado contra las instrucciones del Ministerio de Sanidad y aseguran que darán atención universal a los inmigrantes como hasta ahora. Alertan de que las medidas del Gobierno pueden generar problemas de salud pública. Madrid está siguiendo las directrices del Ministerio: los extranjeros sin papeles (salvo embarazadas, niños y crónicos ya en tratamiento) deberán hacerse el seguro o pagar sus tratamientos.

La Consejería de Sanidad tiene previsto elaborar unas instrucciones para regular los casos en los que los inmigrantes sin derecho a la asistencia eludan contratar la póliza con el sistema nacional de salud y decidan ser atendidos en la red pública pagando las facturas de las consultas o las pruebas que puedan necesitar, según adelantó el departamento que dirige Lasquetty a este diario. Y añadió que Sanidad no tiene previsto por el momento reforzar el sistema de facturación (con más personal u otra herramienta informática) frente al posible aumento de procedimientos de cobro a partir del 1 de septiembre.

Pese a que pocos conocen que existen unos precios públicos de las asistencias sanitarias —una orden de la Consejería de Sanidad de agosto de 2009 contempla más de mil procedimientos facturables—, lo cierto es que centros de salud y, sobre todo, hospitales públicos cobran a centenares de pacientes. O al menos lo intentan. En lo que va de año, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado al menos ocho notificaciones “de liquidación de precios públicos correspondientes a asistencias sanitarias” prestadas en otros tantos hospitales de la región. En total, reclaman a centenares de pacientes —muchos con nombre extranjero; otros no— unos 420.000 euros.

El hospital infantil Niño Jesús, por ejemplo, reclama 7.248 euros a una veintena de pacientes. El hospital Clínico publica una lista de 70 pacientes cuyas asistencias suman 132.999 euros. La mayoría tienen un importe de 122 euros, que es el que corresponde, según la orden de 2009, a urgencias que no requieren ingreso o a una consulta sucesiva (es decir, no la primera, que sería más cara, 204 euros) con un especialista.

“Se trata de accidentes de tráfico, accidentes laborales cubiertos por mutua de trabajo y lesiones deportivas cubiertas por seguro médico, además de otros”, explica un portavoz de la Consejería de Sanidad. “Se cobra a todo aquel que no tiene cobertura sanitaria y se emite la factura, tanto desde la Gerencia de Atención Primaria, como desde cada hospital. Suele ser a posteriori y la recibe el interesado en el domicilio que haya dado”, añade. El cobro nunca se efectúa en el centro de saludo en el hospital, sino que se emite factura. “Primero se les notifica para que lo ingresen de forma voluntaria y si no se les encuentra en los domicilios que han proporcionado, se les tiene que notificar en el boletín oficial”, señala la fuente.

Hay hospitales con una población “más cobrable” que otros, explica Sanidad. En principio, todos deberían generar la factura e intentar cobrarla”. En muchos casos, los centros encuentran a la primera a los pacientes y no tienen que publicar el anuncio en el boletín. Sanidad no facilitó ninguna cifra de individuos a los que se cobra la asistencia ni de importe cobrado. “No disponemos de ese dato centralizado”, asegura. Como dato orientativo, la Consejería asegura que el porcentaje de “impagados a los dos años” en el hospital Clínico es del 4%.

El País